El arresto de una persona podrá ser legalmente practicado por un agente del orden público o por una persona particular sin orden o mandamiento de arresto a base de información razonable de que la persona detenida está acusada en las cortes de algún estado de un delito castigable con pena de muerte o presidio por más de un año, pero al así arrestarse el acusado deberá ser conducido ante un magistrado del Tribunal de Primera Instancia con la mayor rapidez posible y deberá formularse una querella bajo juramento expresando los motivos del arresto como en la sec. 1881l de este título, y de allí en adelante sus alegaciones serán atendidas como si se hubiese arrestado con un mandamiento.