Contra una orden definitiva excarcelando libremente a un preso o detenido bajo acusación criminal o mandando ponerle en libertad bajo fianza, podrá apelarse en nombre de El Pueblo de Puerto Rico o por el fiscal del distrito respectivo, o por el Fiscal del Tribunal Supremo, o por el Secretario de Justicia, o por el abogado defensor debidamente autorizado por el Secretario de Justicia. El recurso así interpuesto contra una orden mandando poner en libertad a un preso bajo fianza o reduciendo ésta, no producirá el efecto suspensivo.