Se declara por la presente que es política pública del Estado Libre Asociado explotar y utilizar los recursos minerales de Puerto Rico para beneficio de su legítimo dueño, el Pueblo Puertorriqueño, constituido por las presentes y las futuras generaciones.

El aprovechamiento de estos recursos, no renovables, debe planificarse con el mayor cuidado para que abone al desarrollo integral y permanente del país y de las regiones donde existan.

El Gobierno deberá realizar los esfuerzos que fuesen precisos para garantizar que en Puerto Rico se establezcan industrias que aprovechen esos recursos como materia prima. Con ello se lograría una actividad industrial más intensa y un mayor rendimiento económico para el país. No obstante lo anterior, se prohíbe la extracción de minerales metálicos mediante las técnicas de “cielo abierto” (open pit) o de minería por descortezamiento (strip mining) o cualquier método que altere significativamente las características naturales existentes en la zona minera.

Se establece, asimismo, que es política pública del Estado Libre Asociado explotar sus minerales de manera compatible con la conservación de los demás recursos y con la protección de los valores ambientales. A este fin declaramos que las normas y reglamentos relativos a la calidad del ambiente vigentes en Puerto Rico no podrán ser objeto de negociación o transacción en ningún contrato sobre la explotación de yacimientos. Se declara, igualmente, que es política pública del Estado Libre Asociado imponerle a las empresas mineras la obligación de emplear las más avanzadas técnicas que la ciencia desarrolle para la prevención de los daños y las adversidades ambientales que puedan conllevar sus actividades.

Para lograr que estos recursos minerales contribuyan al desarrollo integral del Pueblo de Puerto Rico, el Gobierno del Estado Libre Asociado explorará las opciones que permitan su explotación y el influjo del capital y la tecnología necesaria para ello.