Se crea, en el Gobierno de Puerto Rico, un organismo civil que se denominará “Negociado de Ciencias Forenses”. El Negociado estará adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, bajo la supervisión directa e indelegable del Secretario de Seguridad Pública.
El Negociado tendrá el deber y obligación de realizar investigaciones científicas y tecnológicas con el objeto de determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales. También hará cualesquiera otras investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para apoyar a los otros negociados en el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos.