Toda persona que intencionalmente preste declaración falsa para que el tribunal emita una orden judicial autorizando la grabación de comunicaciones orales que no sean telefónicas y toda persona que basada en tal información falsa, con conocimiento de su falsedad, solicite del Secretario de Justicia que gestione ante el tribunal tal orden, incurrirá en delito grave y, si fuere convicto, será sancionado con pena de reclusión con un término fijo de cinco (5) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) años y de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

El tribunal impondrá la pena fija de reclusión establecida y, a su discreción, podrá además imponer pena de multa que no será menor de cinco mil dólares ($5,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000).

Toda persona que habiendo advenido en conocimiento de la prueba o del hecho que se emitió una autorización para grabar comunicaciones orales bajo las disposiciones de la sec. 971q de este título, y que por cualquier medio divulgue tal conocimiento a otra persona, a excepción de cuando tal divulgación sea necesaria por razón de sus funciones, incurrirá en delito grave y, si fuere convicto, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años y de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.

El tribunal impondrá la pena fija de reclusión establecida y, a su discreción, podrá además imponer pena de multa que no será menor de cinco mil dólares ($5,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000).

Ninguna persona acusada por violación a lo dispuesto en esta sección podrá acogerse al sistema de alegaciones preacordadas y, de resultar convicta, no tendrá derecho a disfrutar de una sentencia suspendida.

Excepto en el caso de grabaciones de conversaciones telefónicas, las disposiciones establecidas en el Artículo 145 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, no serán de aplicabilidad a los policías, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, agentes encubiertos, informantes o personas que actuando bajo autoridad legal graben una comunicación oral que no sea telefónica, cuando tal grabación se haga previa autorización del tribunal, de acuerdo a las disposiciones de la sec. 971q de este título. Tales personas, sin embargo, incurrirán en el delito dispuesto en el Artículo 145 del Código Penal y en el delito dispuesto en el primer párrafo de esta sección, cuando la grabación se lleve a cabo sin una autorización válida, de acuerdo a lo establecido en la sec. 971q de este título.