La Administración podrá establecer, para cada CER tramitado, un costo razonable de tramitación que el titular del CER deberá pagar. El costo de tramitación podrá ser incluido en el valor de cada CER tramitado. Cualquier ingreso obtenido mediante los costos de tramitación impuestos, será utilizado para la realización de todas las acciones propias y necesarias que garanticen el logro de los fines y objetivos de este capítulo.